La Organización Administrativa del Territorio: Las Comunidades Autónomas
Desde finales del siglo III a.C., España ha experimentado diversas divisiones administrativas. En el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía Borbónica, se intentó modernizar el Estado y centralizar la Administración. Sin embargo, en el siglo XIX surgieron movimientos que abogaban por la descentralización política, como los carlistas, defensores de las estructuras tradicionales.
Tras la aprobación de la Constitución de 1978, España se convirtió en un Estado Regional, organizado en diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).
Vías de Acceso a la Autonomía
Se establecieron dos vías para acceder a la autonomía y diversos criterios para definir las regiones:
a) Dos vías de acceso:
- Vía rápida: Para las regiones históricas que habían aceptado proyectos de Estatuto de autonomía en el pasado, como Cataluña, País Vasco y Galicia.
- Vía lenta: Para el resto de las regiones. El acceso a la autonomía no fue simultáneo. Cataluña y el País Vasco fueron las primeras en 1979, y las últimas, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Baleares, en 1983. Ceuta y Melilla obtuvieron sus Estatutos en 1985.
b) Criterios de regionalización:
La división territorial se basó en criterios históricos, naturales, funcionales y políticos. En algunas comunidades, la constitución fue clara desde el principio, mientras que en otras hubo negociaciones y dudas, como en Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia. El resultado final fue de diecisiete Comunidades Autónomas:
- Regiones históricas de gran tradición: Cataluña, País Vasco y Galicia.
- Regiones históricas de reciente sentir autonómico: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Principado de Asturias y Comunidad Valenciana.
- Regiones históricas de reciente conciencia regional: Castilla y León y Extremadura.
- Regiones históricas modificadas por factores geográficos: Castilla-La Mancha y Región de Murcia.
- Regiones justificadas por factores geográficos y/o políticos: La Rioja, Cantabria y Comunidad de Madrid.
c) Competencias de las Comunidades Autónomas
A pesar de las dos vías de acceso a la autonomía, todas las comunidades pueden adquirir las mismas competencias en las materias establecidas por la Constitución. Sin embargo, aún existen desigualdades. Todas han recibido transferencias de competencias del Gobierno central en áreas como administración local, transporte, industria, cultura, educación no universitaria, servicios médicos, etc. Actualmente, queda poco poder por recuperar, y hay una clara distinción entre las comunidades históricas, con más concesiones, y las demás.
Medidas Correctoras de Compensación
Para corregir desequilibrios económicos entre regiones y aplicar el principio de solidaridad, se implementan políticas nacionales y comunitarias.
a) Las políticas nacionales: El Fondo de Compensación Interterritorial
El artículo 158 de la Constitución establece la creación de un fondo de compensación de gastos de capital para corregir desequilibrios económicos entre regiones. Este fondo, creado en 1990, se distribuye por las Cortes Generales entre las comunidades.
b) Las políticas comunitarias
Más de la mitad del capital de la UE se canaliza a través de cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, gestionados por la Comisión Europea y los países de la UE. Estos fondos buscan invertir en la creación de empleo, una economía europea sostenible y saludable, y el medio ambiente. El Fondo EIE se centra en investigación e innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de recursos naturales y pequeñas empresas.
Fondos estructurales:
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): Fomenta el desarrollo equilibrado en las regiones de la UE.
- Fondo Social Europeo: Apoya proyectos relacionados con el empleo e invierte en el capital humano europeo.
- Fondo de Cohesión: Financia proyectos de transporte y medio ambiente en países.
- Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Resuelve problemas específicos de las zonas rurales de la UE.
- Fondo Europeo Marítimo y de Pesca: Ayuda a los pescadores a practicar una pesca sostenible y a las comunidades costeras a diversificar sus economías.
La política regional ha sido una preocupación en la UE desde 1975, con la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Sin embargo, su importancia aumentó con la reforma de los Fondos Estructurales en 1988, estableciendo objetivos prioritarios. La mayoría de las comunidades españolas han sido calificadas como regiones de Objetivo I.