Consecuencia de la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, España pasó a formar parte de la CEE el 1 de enero de 1986. Esta integración supuso ventajas en distintos ámbitos, como facilidades en asuntos económicos y el fin del aislamiento. Si bien la decisión era positiva, para Canarias supuso un golpe duro, pues se temió no mantener ciertas ventajas con las que contaba. Por este motivo, el archipiélago cuenta con un tratamiento diferenciado que ha ido evolucionando con los años.
Canarias temió que no se tuvieran en cuenta sus características particulares: insularidad, lejanía y régimen de franquicias. Se plantearon diversas opciones:
- Integración total.
- No integrarse y quedar fuera de esta adhesión.
- Adherirse, pero con una serie de condiciones.
Se optó por un modelo de integración especial y diferente del resto del Estado, llamado Protocolo nº 2 del Tratado. Entre esas condiciones particulares destacaron las exclusiones de la unión aduanera, de la política comercial común, de la política agraria común, de la política común de pesca y del ámbito fiscal.
El hecho de sólo estar incorporadas de manera parcial dificultaba ciertos mecanismos o las ayudas que se podrían haber aprovechado a través de los fondos económicos. En 1989, el Parlamento de Canarias decidió adoptar una resolución por la que se solicitaba la integración del archipiélago en el conjunto de las políticas comunitarias, sin omitir por ello la reivindicación del reconocimiento de su estatuto particular.
(A partir de 1991), esta integración se fue haciendo cada vez más efectiva. Se adoptó el Reglamento comunitario que aplicaba el derecho comunitario a Canarias, su integración en la Unión Aduanera y en demás políticas comunitarias, aunque se mantuvieron ciertas características especiales como la no aplicación de la Tarifa Exterior Común en ciertos bienes (productos de primera necesidad, aquellos cuya transformación industrial se destina al abastecimiento interior o los productos electrónicos asiáticos).
Se adoptaba la Decisión POSEICAN, que establecía un Programa destinado a combatir los problemas derivados de la lejanía y la insularidad de Canarias a través de adaptaciones y medidas concretas en la aplicación de algunas políticas y disposiciones del Derecho comunitario. Este programa se puso en marcha junto a otros (POSEIMA para Madeira y Azores y POSEIDOM para los Departamentos Franceses de Ultramar) de similares características en territorios comunitarios que se empezaban a llamar ultraperiféricos.
En 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se produce el reconocimiento e institucionalización del estatuto jurídico específico y único para las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP). Todas estas regiones cuentan con una serie de características similares.
Entre ellas destacan la lejanía del continente europeo y su proximidad a otros países de bajo nivel de desarrollo, su superficie reducida y fragmentada, un medio natural adverso y dependencia productiva de algunos productos; todo ello provoca diversos problemas de mercado y producción.
Estrategia de Desarrollo Sostenible para las RUP
Consciente de estas características desfavorables, la Unión Europea ha articulado su estrategia de desarrollo sostenible a favor de las RUP en torno a tres ejes de acción prioritarios que fueron enunciados en su Comunicación de mayo de 2004.
Mejorar la Accesibilidad
Por un lado, es necesario mejorar la accesibilidad para compensar sus limitaciones y asegurar su conectividad a nivel interno, con el continente europeo y las zonas geográficas próximas. Se buscarán mejoras en los transportes, en las telecomunicaciones y en el aprovisionamiento energético.
Mejorar el Nivel de Competitividad
También es necesario mejorar el nivel de competitividad de las islas o, por lo menos, mejorar las condiciones generales de desarrollo económico y social. Para alcanzar este objetivo, la UE tiene en cuenta las especificidades de las regiones ultraperiféricas y aplica sus políticas de manera diferenciada en favor de estas regiones en ámbitos como la agricultura, la pesca, las ayudas de Estado, la fiscalidad, la política comercial y aduanera, entre otras, tratando de potenciar al mismo tiempo aquellos sectores en los que las RUP ofrecen un valor añadido.
Buscar la Integración Regional
Y, por último, es necesario buscar la integración regional en sus respectivos entornos geográficos, pues su posición puede ser muy privilegiada para Europa, una manera de estar más cerca de distintos puntos del mundo. Por ello se intenta ampliar el área de influencia socioeconómica y cultural de las RUP, reducir las barreras que limitan las posibilidades de intercambio de estas para llegar a los mercados del Caribe, América o África. Esta estrategia se articula a través del Plan de Acción de Gran Vecindad que facilitará la cooperación entre las RUP y sus países vecinos, propiciando la creación de nuevos espacios de estabilidad, seguridad y prosperidad en distintas áreas del planeta.
Conclusión
Por lo tanto, en general, aunque se tuvo que pasar por ciertos pasos intermedios, se consiguió que la integración en la Unión Europea no supusiese el fin de los beneficios con los que contaba Canarias. Además, cabe destacar que como consecuencia a su retraso socioeconómico, las islas fueron destinatarias de importantes ayudas económicas. Esto ha permitido que el PIB per cápita se aproxime bastante a la media europea y le ha permitido empezar a formar parte del grupo de Regiones de Competitividad y Empleo de ayuda transitoria.