LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES

La desigual distribución de la población

La población española ha pasado de unos 30,8 millones de habitantes en 1960 a más de 46,5 al inicio de 2016, pero con un comportamiento muy diferenciado según las Comunidades Autónomas y según los años:

• La Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco, la Comunitat Valenciana, Illes Balears y Canarias han sido las áreas que han presentado un crecimiento más sostenido. Fueron polos internos de atracción de inmigrantes hasta 1980, que protagonizaron el mayor crecimiento económico en la primera década del S. XXI. La Comunitat Valenciana, Illes Balears y Canarias son las principales áreas beneficiadas por el impacto del turismo.
• Las regiones del interior, a lo largo de estas décadas, han presentado un comportamiento demográfico negativo. A pesar de que la población no ha aumentado de manera sostenible.

La diversidad en la productividad agraria

El relieve es un condicionante natural muy acusado para la agricultura española. Más del 18% de la superficie total del país se encuentra por encima de los 1000m de altitud, con las consecuencias que ello tiene para la producción, el confort climático, la productividad y el despoblamiento. Respecto a los recursos hídricos, la inmensa mayoría del consumo de agua corresponde al regadío agrícola. Según estos condicionantes la productividad de los espacios agrarios españoles presenta una notable variabilidad según las zonas:

• El litoral subatlántico y gran parte del mediterráneo, así como La Rioja y Jaén son las zonas de máxima productividad y alto valor añadido.
• Galicia, el litoral cantábrico y algunas zonas mediterráneas también presentan una alta productividad, aunque el valor añadido no es tan elevado.
• En la mayor parte de las provincias interiores, la agricultura es de secano, con bajos niveles de productividad.

La desigual actividad industrial y de servicios

La crisis económica de 1973-1975 afectó de manera directa al sector secundario, provocando el cierre de muchas empresas industriales y generó elevadas tasas de paro y una considerable reducción de la renta en Madrid. La identificación entre regiones industrializadas y regiones desarrolladas empezó a desaparecer por el cierre de muchas fábricas y por la deslocalización industrial llevó a invertir en nuevos desplazamientos. La economía posindustrial surgió después de la crisis y se basó en un predominio del sector terciario, con una apuesta clara por las nuevas tecnologías, en especial las vinculadas a la comunicación y la información, y por centros de investigación e innovación. En este sentido, los factores de desarrollo se basan en:

• La existencia de mano de obra muy cualificada, y la potenciación de la formación, la investigación y las técnicas de gestión eficiente.
• La disponibilidad de infraestructuras y equipamientos de alta calidad.
• El auge del terciario especializado, con funciones rectoras o de decisión, así como servicios a las empresas y a la producción, comercio, turismo y servicios públicos.
• Las actividades que implican el uso o el desarrollo de la alta tecnología.

Los ejes de desarrollo: Madrid, Cataluña, el País Vasco, todo el litoral mediterráneo, ambos archipiélagos y parte del valle del Ebro…

LAS POLÍTICAS REGIONALES DE COHESIÓN

La mayoría de las regiones que lideran el desarrollo en la etapa posindustrial son las mismas que anteriormente concentraban la mayor parte de la actividad industrial.

Proyectos de modernización e industrialización

En España, a partir del S. XVIII, se plantearon proyectos de modernización. Algunos ejemplos fueron la política de administración de Carlos III, en la segunda mitad del S. XVIII, o las propuestas federalistas y liberales del S. XIX. Ya en el S. XX, durante la II República, se produjo otro intento de modernización, que fracasó debido al estallido de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

En las décadas de 1960 y 1970 destacaron los Planes de Desarrollo, siendo su objetivo atraer inversores de tipo industrial, mediante incentivos fiscales, hacia los polos de desarrollo, que tuvieron poco éxito.
En 1983 se crearon las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR) como respuesta a la crisis económica de la década de 1970, que pretendía diversificar la producción para crear ocupación estable.

Políticas regionales de cohesión

Las políticas regionales son el conjunto de intervenciones públicas encaminadas a mejorar la distribución territorial de la actividad económica, a fomentar el desarrollo de las regiones más atrasadas y a reducir las desigualdades. Actualmente, se aplica mediante diferentes instrumentos, como los Fondos Estructurales Europeos, el Fondo de Compensación Interterritorial, las ayudas de Estado de finalidad regional y la Cooperación Local del Estado.

Estas políticas de desarrollo se han concentrado en inversiones que han prioridad las infraestructuras (autovías y ferrocarriles) y los equipamientos básicos (hospitales y escuelas), así como la formación profesional y la mejora en los sistemas y procesos de gestión eficiente tanto de las empresas privadas como de la Administración pública.

Efectos de las políticas regionales

Como resultado de las inversiones recibidas del Fondo de Compensación Interterritorial y de los fondos europeos, se han incrementado el nivel de vida y de la superación de situaciones de escaso desarrollo. Así es como algunas Comunidades Autónomas han experimentado un ritmo de crecimiento por encima de la media española.

Por otro lado, en muchas comunidades se han llevado a cabo eventos promocionales de amplio alcance, lo que ha contribuido a impulsar la renovación de sus infraestructuras y a proyectar nuevas iniciativas económicas.

La financiación de las Comunidades Autónomas

En España existen dos modelos de financiación de las comunidades autónomas: el régimen foral (P. Vasco y Navarra) y el régimen común (el resto de las Comunidades). Canarias, Ceuta y Melilla mantienen un tratamiento especial.

Los principios básicos de la financiación autonómica:

• Autonomía financiera, que supone la libertad de las Comunidades Autónomas para decidir sobre sus gastos e ingresos aunque no de forma absoluta, sino en relación con los demás principios.
• Solidaridad, en cuanto a equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio
• Igualdad, a los efectos de impedir que las diferencias entre estatutos impliquen privilegios económicos o sociales.
• Coordinación con la Hacienda estatal, como garantía de eficacia del funcionamiento del conjunto del Estado autonómico.