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1- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ESPAÑOLA.
1.1.- La Organización Territorial En La Constitución De 1978.
La Constitución española de 1978 establece, en su artículo 137, una organización territorial del Estado basada en tres niveles de administración: los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas. Con esta nueva estructura territorial, se intentaba poner fin al sistema centralista y uniformador que se impuso en el siglo XVIII desde el reinado de Felipe V:
- La Comunidad Autónoma es una unidad territorial creada para facilitar la administración del Estado. Su jurisdicción se extiende sobre una comunidad de provincias o tiene carácter uniprovincial.
- La provincia es una unidad territorial creada para facilitar la administración del Estado y está formada por una agrupación de municipios.
- El municipio es la circunscripción administrativa básica en la que se divide el territorio español y está regido por un ayuntamiento.
1.2. Origen Histórico De La Actual Organización Territorial En España.
1.2.1.- Antecedentes históricos remotos (de la conquista romana hasta siglo XVIII).
El periodo histórico abarca desde la conquista romana hasta el siglo XVIII en la península ibérica. La dominación romana estableció diferencias interregionales entre provincias, como la Bética, más romanizada, y otras menos. Posteriormente, el reino visigodo heredó esta organización territorial. La invasión musulmana y la Reconquista (siglos VIII al XV) consolidaron el Reino de Castilla como la potencia dominante, homogeneizando jurídica y lingüísticamente el territorio bajo su control. El Reino de Aragón se extendió por el Valle del Ebro y los Condados Catalanes, propagando la cultura catalana por el Mediterráneo. La nueva organización territorial se logró a costa de los territorios musulmanes reconquistados. En el siglo XIII, se configuraron los tres grandes sistemas político-administrativos: Portugal, Castilla y Aragón, más el sur peninsular con soberanía castellana pero con personalidad propia. La unión de Castilla y Aragón bajo los Reyes Católicos fue solo política, continuando durante la época de los Austrias. La Guerra de Sucesión Española (1701-1713) trajo la dinastía Borbón a España con Felipe V.
Los Decretos de Nueva Planta (1707) impusieron el centralismo de Castilla en toda España, salvo en el País Vasco y Navarra que mantuvieron ciertos fueros.
1.2.2.- Antecedentes Históricos Próximos (Siglos XIX-XX).
En el siglo XIX, durante la regencia de María Cristina, se estableció la división provincial de 1833 por el ministro Javier Burgos, inspirada en el modelo liberal francés y destinada a centralizar la intervención estatal en todo el territorio español. Esta división, basada en el Plan provincial de 1822 pero con la eliminación de tres provincias, creó inicialmente 49 provincias, luego aumentadas a 50 en 1927 con la división de Las Canarias. Esta estructura territorial se ha mantenido prácticamente inalterada hasta la actualidad.
En el siglo XX, durante la II República Española (1931-1939), se establecieron los precedentes más cercanos al actual sistema autonómico. Cataluña fue la región más avanzada en este sentido, obteniendo su Estatuto en 1932. Durante la guerra civil, el País Vasco también logró su Estatuto, mientras que Galicia lo aprobó pero no se llegó a elaborar debido al conflicto. Otras regiones, como Andalucía y Valencia, también buscaron iniciativas autonómicas que no se materializaron.
La dictadura de Franco (1939-1975) ignoró estas realidades regionales y mantuvo un sistema centralizado de gobierno.
1.3 Las Comunidades Autónomas En La Constitución Española De 1978.
La Constitución española de 1978 reconoce el derecho de las nacionalidades y regiones a organizarse en Comunidades Autónomas para su autogobierno. Esto modificó el mapa de España, sentando las bases del Estado autonómico descentralizado actual. Entre 1979 y 1983 se aprobaron los Estatutos de las 17 comunidades autónomas actuales. Ceuta y Melilla se convirtieron en Ciudades en 1995. La Constitución establece la unidad de la nación española y el derecho a la autonomía de las regiones, así como la solidaridad entre ellas.
Para acceder a la autonomía, la Constitución estableció diferentes vías: máximo nivel de competencias para regiones con tradición autonómica, como Cataluña, País Vasco y Galicia; vía especial para Andalucía; y condiciones específicas para otras comunidades, como Navarra. Ceuta y Melilla tienen un estatus diferente, siendo municipios autónomos sin capacidad legislativa.
Las instituciones de las Comunidades Autónomas incluyen un Parlamento autonómico, un Gobierno con poderes ejecutivos, un Tribunal Superior de Justicia y un presidente elegido por la Asamblea y nombrado por el Rey. Además, el Gobierno central nombra un delegado para cada Comunidad.
En cuanto a la financiación, las comunidades de régimen común se financian con tributos cedidos por el Estado, ingresos estatales y propios. País Vasco y Navarra tienen un régimen foral, financiándose con ingresos tributarios locales y pactando con el Estado. El Fondo de Compensación Interterritorial corrige desequilibrios territoriales.
Las Comunidades Autónomas tienen competencias en áreas como agricultura, infraestructuras, sanidad, cultura, entre otras, según lo establecido en sus Estatutos de Autonomía. Las competencias exclusivas del Estado incluyen emigración, defensa y comercio exterior.
2.- LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES.
A pesar de que el Estado de las autonomías se basa en la igualdad territorial y la solidaridad, actualmente existen grandes desequilibrios entre las comunidades autónomas y en el interior de cada una de ellas.
2.1.- Origen de los desequilibrios regionales.
Los desequilibrios regionales en la actualidad tienen su origen en la etapa de desarrollo económico español a partir de 1960.
El desarrollo de la industria y el turismo provocó una concentración de la riqueza y del empleo en determinadas regiones: País Vasco, Cataluña, Levante, Baleares y Canarias, frente a otras regiones deprimidas del interior, Galicia y sureste.
En Madrid, el factor inicial del crecimiento económico fue la capitalidad, que estimuló el desarrollo de los servicios y del consumo, y acabó atrayendo a un importante número de industrias.
Las acciones para corregir los desequilibrios regionales fueron los Polos de Promoción y Desarrollo Industrial: pretendían promover las ciudades medias implantando industrias que actuaran de motores del crecimiento. Los resultados no lograron los objetivos previstos a excepción de ciudades aisladas como Valladolid, Vigo o A Coruña
2.2.- Los cambios por la crisis económica de 1975.
La crisis mundial de 1975 afectó especialmente a las regiones más industrializadas, aunque se manifestó también en todas las demás, incluso las más atrasadas, cuya población ya no podía emigrar como antes a las áreas industriales en crisis.
La incidencia de la crisis en España será desigual en las distintas regiones; especialmente grave fue en País Vasco y Asturias y, en menor medida en Cataluña, cuyas economías estaban ligadas a un sector industrial en retroceso. Madrid, Valencia, Baleares y Canarias se vieron afectados menos por la crisis debido a su proceso de terciarización.
2.3.- La situación actual de los desequilibrios regionales.
La reestructuración económica tras la crisis de 1975 cambió el enfoque del desarrollo, alejándose de la producción industrial. Hoy, en una sociedad y economía postindustrial, los factores clave son la especialización en servicios, la tecnología y la disponibilidad de mano de obra cualificada. Esto ha generado desequilibrios entre ejes de desarrollo, zonas en declive y áreas menos desarrolladas. Los ejes de desarrollo incluyen regiones como los archipiélagos balear y canario, Madrid, el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y el País Vasco. Los ejes en declive son antiguos núcleos industriales en crisis, como la cornisa cantábrica. Mientras tanto, los espacios escasamente desarrollados dependen principalmente de sectores primarios poco productivos o servicios de autoconsumo, ubicados en zonas interiores como Extremadura, ambas Castillas, Galicia, Andalucía y Murcia.
2.3.1.-Desequilibrios demográficos.
Las Comunidades Autónomas con más peso demográfico en el conjunto nacional son: Andalucía (17.8% del total español),
Cataluña (15.9%), Comunidad de Madrid (13.4%) y Comunidad Valenciana (10.8%). Entre las cuatro suman el 58.04% de la población española y el 29.8% del territorio. Las Comunidades Autónomas con menos peso demográfico (exceptuando Ceuta y Melilla) son La Rioja, Cantabria, Navarra, Islas Baleares, Asturias, Extremadura, Aragón, Región de Murcia y las dos Castillas. Todas representan el 25.9% de la población y el 51.3% del territorio, es decir la cuarta. 2.3.2.- Desequilibrios económicos.
En 2013, según el PIB por habitante, País Vasco, Madrid y Navarra registraron los valores más altos, con más de 28.000 euros por habitante, mientras que Melilla, Andalucía y Extremadura tuvieron los más bajos, alrededor de 15.026 euros por habitante. Esta brecha entre la región más rica y la más pobre superó los 13.000 euros, con una media nacional de aproximadamente 22.200 euros por habitante.
Siete comunidades autónomas superaron la media nacional: País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña (26.666 euros), La Rioja, Aragón y Baleares. En términos relativos, el PIB por habitante del País Vasco fue un 34,5% superior a la media nacional, mientras que el de Extremadura fue un 32,6% inferior.
La Comunidad Valenciana experimentó un descenso en su PIB por habitante debido a los efectos de la crisis, ubicándose en alrededor de 19.500 euros, por debajo de la media nacional.
3.- ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. 3.1. Evolución de la Unión Europea Desde El Ingreso De España.
El ingreso de España en la Unión Europea (UE) marcó una etapa crucial en su evolución desde la firma del Tratado de Roma en 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE). Este tratado facilitó la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre los países fundadores, promoviendo una política agrícola y de transportes común, así como la coordinación de políticas económicas y sociales.
En los años ochenta, la CEE se expandió hacia el sur con el ingreso de Grecia en 1981, seguido por España y Portugal en 1986. Este período también vio la implementación del Acta Única Europea en 1987, que reformó los tratados fundacionales y cambió el nombre de la CEE a Comunidad Europea (CE). Sus objetivos incluían una reforma institucional para fortalecer el Parlamento Europeo, la realización completa del mercado único para 1993 y la reducción de las disparidades de desarrollo entre los países miembros.
El Tratado de Maastricht, firmado en 1992 y en vigor desde 1993, transformó la CE en la Unión Europea, estableciendo tres pilares fundamentales: la unión económica y monetaria, la política social comunitaria y la política exterior y de seguridad común, así como la cooperación en asuntos de justicia e interior.
El Tratado de Niza, adoptado en 2003, introdujo cambios significativos en la estructura de toma de decisiones de la UE. Estableció una mayoría cualificada en el Consejo Europeo, donde países como Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia tenían un mayor peso en las votaciones. También incluyó una minoría de bloqueo y la cláusula de verificación demográfica, que favorecía a Alemania como país más poblado.
El Tratado de Lisboa, en vigor desde 2007, permitió un nuevo sistema de votación que otorgaba más peso a los países más poblados, como Alemania, y eliminó el derecho de veto en varias áreas para agilizar el funcionamiento de la UE.
Esta etapa también presenció la última ampliación de la UE, que incorporó a varios países de Europa central y oriental, aumentando el número de miembros a 28. Estas ampliaciones y reformas han sido cruciales en la evolución y el fortalecimiento de la Unión Europea desde el ingreso de España.
3. 2 Las políticas de la Unión Europea
La política de la Unión Europea (UE) se enfoca en diferentes áreas para promover la consolidación y el bienestar de sus miembros. La política económica busca la convergencia económica y la estabilidad a través de la Unión Económica y Monetaria (UEM), que incluye la unión económica y la moneda única, el euro, desde 1999. El Banco Central Europeo gestiona la estabilidad monetaria y la emisión del euro.
En cuanto a la política social, se busca mejorar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos europeos mediante la Carta de Derechos Fundamentales, la protección de grupos desfavorecidos, la mejora de condiciones laborales y el fomento del empleo, la protección de los consumidores, y el impulso a la educación e investigación científica.
La política de justicia y asuntos de interior tiene como objetivos mejorar las condiciones laborales, fomentar el empleo y promover la ciudadanía europea, que permite la libre circulación y residencia, así como derechos de petición y reclamaciones.
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) busca defender los intereses, la independencia y la seguridad de la UE, fortalecer la paz, seguridad y cooperación internacional, y promover la democracia y los derechos fundamentales.
En cuanto a la política regional, se busca reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones mediante fondos estructurales como el FEDER, el FEOGA, el IFOP y el FSE, así como el Fondo de Cohesión. Estos fondos se destinan al desarrollo de infraestructuras, adaptación agrícola, modernización pesquera, formación profesional y proyectos medioambientales.
Aunque la UE cuenta con 28 Estados miembros y un mercado interior de 493 millones de ciudadanos, persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los países y sus regiones. La política regional busca concretar la solidaridad europea mediante la cohesión económica y social.
3.3.- Repercusiones De La Integración Española En Europa. ⦁Ha supuesto una cierta cesión de la soberanía a la Unión Europea, ya que la UE debe ser informada de las políticas de desarrollo regional y puede autorizarlas, modificarlas o prohibirlas en función de su compatibilidad con la política comunitaria. • España ha recibido ayudas comunitarias, pues la mayoría de sus regiones se encuentran en clara desventaja respecto a las del resto de la Unión en renta per cápita, productividad, paro, desarrollo de los sectores agrarios e industriales, equipamientos e infraestructuras.
⦁Ha colaborado a la disminución de los desequilibrios interterritoriales, favoreciendo una mayor igualación de la renta per cápita de las regiones, al concentrar las ayudas en las más desfavorecidas.
⦁El problema que se plantea para el futuro con la ampliación de la Unión Europea hacia el este, es que subirá el nivel medio de renta de las comunidades españolas y dejará fuera de la recepción de fondos a algunas de ellas. Por otra parte, exigirá un nuevo reparto de los fondos en perjuicio de sus actuales beneficiarios o un aumento considerable del presupuesto comunitario, al que se niegan los países más contribuyentes, como Alemania. 3.4- El Futuro De Las Ayudas Europeas. En principio, España seguirá siendo receptor neto de ayudas europeas a lo largo del próximo periodo presupuestario de siete años (2014-2020).
España recibirá una ayuda suplementaria de 1.800 millones de euros para paliar el impacto de la crisis en las regiones menos desarrolladas. De esta ayuda extraordinaria, 500 millones se destinarán a Extremadura; 624 millones se repartirán entre Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha y 700 millones se distribuirán entre el resto de comunidades autónomas. Además, se atribuyen 50
millones de euros específicos para Ceuta y Melilla y también se garantiza que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que dejan de ser objetivo prioritario de la política regional europea por efecto estadístico, mantendrán al menos el 60% de las ayudas europeas que han recibido en el periodo presupuestario que termina en diciembre. Del fondo de ayuda para el empleo juvenil será dotado a España le corresponde el 30%, es decir, cerca de mil millones.